Nuevo protocolo de la iglesia católica chilena para enfrentar las denuncias y casos de abuso sexual

Unas veinte páginas tiene el “Protocolo 2011” que elaboró la Iglesia Católica chilena para enfrentar las denuncias y casos de abuso sexual, y que será dado a conocer oficialmente este martes por la Conferencia Episcopal.

Por primera vez, la Iglesia expondrá esta norma de manera íntegra ante la ciudadanía, y no estará reservada sólo a los obispos y máximas jerarquías de las congregaciones, como sucedía hasta ahora.

El dossier -que actualiza los preceptos establecidos en 2003 y que es evaluado como un importante paso para enfrentar las denuncias que han golpeado a la Iglesia- contempla el levantamiento de la prescripción en los casos graves, y la investigación de todas las acusaciones, independientemente del tiempo que haya transcurrido.

De este modo, en las enmiendas encabezadas por monseñor Ricardo Ezzati y aprobadas por la última asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal del viernes 8 de abril en Punta de Talca, se incorporan las normativas fijadas por la Santa Sede, que permitieron levantar la prescripción y declarar “culpable” de abusos sexuales al ex párroco de la Iglesia El Bosque, el sacerdote Fernando Karadima.

El Protocolo 2011, trabajado por canonistas y abogados, recomienda, además, un plazo de 30 días a quienes instruyen la investigación previa -entre ellos, los promotores de justicia de cada diócesis, obispos, párrocos, decanos y vicarios episcopales-, con lo que se termina con los plazos indefinidos vigentes hasta hoy y se da así celeridad a los procesos vigentes y a las denuncias que puedan aparecer.

Lo novedoso, en este ítem, es que se traspasa el mero ámbito clerical y se abre la opción para que los laicos sean quienes también reciban las denuncias.

En cuanto a la relación con la justicia civil, se establece -al igual que en 2003- que el hecho de pertenecer a la Iglesia, aun a su jerarquía, no hace que se pierdan ni los derechos ni los deberes de ser ciudadano, y que nada exime a un clérigo o a un religioso de responder por sus actos ante la justicia civil.

También se puntualiza que la Iglesia no obstaculiza la actuación de los tribunales y que sus miembros no pueden negarse a colaborar con ellos cuando sean requeridos, salvo que el juez exigiera algo contrario a la ética o contra el ordenamiento jurídico propio que el derecho chileno reconoce a la Iglesia Católica.

Junto con lo anterior, se anexa un punto clave, al establecer que tanto el encubrimiento como la obstrucción a la justicia son constitutivos de delito.

La reforma, que será dada a conocer por el secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Santiago Silva; por la canonista Ana María Célis y por el portavoz del Episcopado, Jaime Coiro, considera, además, que el nuevo organismo encargado de la prevención y atención a las víctimas estará compuesto por ocho o diez personas. Su objetivo será fijar políticas de prevención y ayuda a las víctimas; crear un programa de capacitación a los agentes pastorales para responder ante cualquier signo de abuso de un menor y generar ambientes sanos y seguros.

Fuente: elmercurio.com

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